El proceso de destrucción y desmantelamiento del servicio público en Puerto Rico continúa. Da igual que el gobierno sea azul o rojo, que sea ¨pro americano¨ o ¨puertorriqueñista¨, son gobiernos de los ricos y para satisfacer los intereses de los ricos. En esta ocasión la carga neoliberal es nuevamente contra la educación pública. El Secretario de Educación, Rafael Román ha anunciado la implementación del Plan de Flexibilidad. ¿En qué consiste básicamente este plan? Eso lo veremos de manera sencilla en este artículo.
El Plan de flexibilidad básicamente trata de una autonomía a nivel estatal para destinar los fondos federales asignados al Departamento de Educación. Con este plan aparece nuevamente el fantasma de la privatización y se asegura que unas cuantas empresas privadas se lleven una jugosa tajada de fondos públicos. Esto no es nuevo ya que con la fracasada ley No Child Left Behind de 2001, ciertas empresas guisaron millones de dólares y de paso se acusó al magisterio y al estudiantado del fracaso en las pruebas estandarizadas (PPAA).
La educación pública está siendo privatizada desde la cúpula del Departamento de Educación. El nuevo modelo educativo que se busca implantar es el conocido como College and Career Ready que no es otra cosa que producir la fuerza laboral que el mercado capitalista necesite. Con el Plan de Flexibilidad se asegura que millones de dólares de fondos públicos vayan a parar a las empresas privada que hacen negocio con la educación.
El periódico Abayarde Rojo en su edición de agosto de 2014, denunció cómo las empresas Ed Count LLC y Pearson Inc. recibieron contratos por $30 millones cada una. Por otro lado, las empresas Houghton Mifflin Harcourt y Braxton School recibieron contratos por $11 millones cada una. Estas dos empresas se encargaron de ofrecer las charlas acerca de los nuevos estándares, currículos y el Plan de Flexibilidad. Se denunció, además, que las charlas solo duraron dos días y fueron desorganizadas y de pobre calidad.
Además de regalar millones de dólares a empresas privadas que trafican con la educación, el Plan de Flexibilidad impone que el 20% de la evaluación de los maestros y las maestras dependerá de los resultados en las fraudulentas pruebas PPAA, también añade carga laboral al magisterio. Pero el plan de destrucción de la educación pública no queda en lo hasta ahora mencionado, los mercaderes de la educación van por más.
Observe los siguiente números, el presupuesto del DE (2014-2015) es de $2,400 millones delos cuales $300 millones se van en contratos con compañías privadas. A su vez, el DE recortó $300 millones en el cierre de escuelas y recortes de derechos laborales. Se eliminaron cinco mil plazas transitorias de maestras y maestros (mientras muchas escuelas comenzaron el año escolar sin maestros suficientes), hubo reducción en el bono navideño, congelación de aumentos de sueldo y, por si fuera poco, se impide la representación sindical. Un dato muy relevante es que se aumentó el número de estudiantes por salón como medio para facilitar el cierre de más escuelas.
La mayoría de los datos aparecen en la edición de agosto del periódico Abayarde Rojo.